En
Argentina el Estado es uno de los principales usuarios de software pirata
Hector D. Calabia
IDG News Service
La Cámara de Empresas de Software Servicios Informáticos (CESSI) de
Argentina dijo la semana pasada que a pesar de haber sostenido negociaciones en
los últimos dos años con la Administración Pública de ese país, los organismos estatales
argentinos siguen utilizando software ilegal.
A través de un censo realizado por la CESSI, se
detectaron casi 200 organismos estatales que usan software pirata en abierta
violación a la ley y al respeto por la propiedad intelectual, dijo en conferencia
de prensa Jorge A. Cassino [CQ], presidente de esa cámara empresarial.
"En los dos últimos años hemos logrado que el
gobierno reconozca que usa software ilegal e intentamos que regularice su
situación. Entre los organismos (que usan software pirata) figura la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos), el Ministerio de Justicia y la
Policía Federal. El software pirateado son productos de Microsoft, Novell y
Symantec", dijo.
El costo total del software pirata suma US$5.3 millones, sobre 40 mil productos
utilizados por los organismos gubernamentales[HDC1], a los
favorables precios ofrecidos al sector público, en relación a las empresas del
sector privado y consumidores individuales, dijo Cassino. Esta cifra no incluye
a los estados provinciales, municipios, ni el sector educativo público.
Agregó que el cambio constante de interlocutores y responsables obstaculiza la posibilidad de una solución definitiva, pese a que las condiciones para la obtención de licencias y para el pago del software son ventajosas para el gobierno.
"Esta situación tiene dos problemas desde el punto
de vista económico: primero, que al no regularizarse la situación en el sector
público, mal podemos tratar de que el sector privado cumpla con la ley cuando
el que tiene que hacerla cumplir no lo hace", dijo Cassino. Se pierde la
capacidad ejemplificadora del Estado.
Las irregularidades en el uso del software han afectado la
confianza de empresas estadounidenses y europeas con las cuales la CESSI ha
iniciado relaciones desde principios de año, dijo Cassino.
En mayo la CESSI constituyó su filial estadounidense con
sede en la ciudad de Miami, en un acto que contó con la presencia de los
principales directivos de las empresas adheridas a la Cámara y a sus esfuerzos
por combatir la piratería: Sony Latin Amercia, Acer Latin America,
Hewlett-Packard, Adobe Systems, Cannon Latin America, IFX Unete, Corel Corp.,
Symantec, Network Associates, Cotel Com, Banco Nación Argentina, Interamerican
Marketing Solutions.
CESSI Miami es un puente para los planes de integración
en la producción de software argentino y las empresas estadounidenses, con el
fin de exportar "inteligencia informática argentina", evitando la
emigración de mano de obra especializada.
Otras organizaciones de productores de software se han
unido a la propuesta de la CESSI, de detener la piratería. "Considerando
que en el Estado el índice de piratería es sumamente crítico, Software Legal ha
decidido extender su tregua en acciones judiciales al ámbito del Estado hasta
el 15 de noviembre", dijo Martín Carranza Torres, presidente de Software
Legal, asociación de productores de software.
El 15 de noviembre Software Legal iniciará un juicio
para regularizar la protección del software ante su uso ilegal en el sector
público y en el privado.
Durante una entrevista exclusiva con IDG News Service,
posterior a la conferencia de prensa, Cassino dijo que "Todo siempre tiene
una doble acción, si empezamos un juicio al Estado, yo creo que a nivel general
a las empresas les va a dar muchas más fuerzas para iniciar acciones contra
aquellos que les roban sus productos". Además, será un desprestigio a
nivel internacional, dijo.
La falta de cumplimiento por parte de los organismos del
Estado dificulta la firma de algunos contratos que están pendientes con
empresas del exterior para la subcontratación de la producción de software,
dijo.
En Argentina el Congreso Nacional ha reglamentado el
derecho de autor ("copyright") a través de la Ley 11.723 sancionada
en el año 1933, con el objeto de proteger los bienes intelectuales conocidos
hasta esa época. Para actualizarla, el 10 de noviembre de 1998 el Congreso
Nacional aprobó y sancionó el proyecto en que se definió la protección legal
del software.
El presidente de la CESSI recordó que cuando se sancionó
esa modificación a la ley de propiedad intelectual, hubo un gran incremento de
legalización por parte de las empresas privadas que utilizaban copias piratas.
El deseo de adquirir los productos en forma legal se fue diluyendo con el
tiempo. Por esto, "antes de fin de año vamos a salir con una campaña sobre
el alcance de la ley", dijo Cassino.
De hecho, en este momento ya se ha lanzado una campaña en los medios que anuncia la tregua hasta el 15 de noviembre y, amenaza con hasta seis años de cárcel a los directivos de empresas que no regularicen las licencias del software que utilizan.
La
Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) está en la
dirección Web http://www.cessi.org.ar. Software Legal está en http://www.softwarelegal.org.ar/.
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